1) Cambios en la regulación de las sociedades comerciales

 

Dos resoluciones han entrado en vigencia en el último mes que afectan directamente a las sociedades comerciales, especialmente a la hora de registrar trámites.

En primer lugar, la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante la Resolución 112/2021 resolvió modificar la definición de “beneficiario final” de una persona jurídica. A partir del mes de noviembre, será considerado beneficiario final toda aquella persona humana que posea el 10% (antes el 20%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica. La disposición comprende también a las personas humanas que ejerzan control sobre las entidades listadas mediante otros medios, como por ejemplo, a través de una cadena de titularidad.

Según se expresa en los considerandos de la resolución, el objeto de la modificación es incrementar la eficacia del sistema preventivo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Por su parte, la Inspección General de Justicia (IGJ), a través de la Resolución 15/2021, actualizó los montos de las garantías que deben constituir los directores de las SA, los gerentes de las SRL, los directores de sociedades por acciones simplificadas y los representantes de las Sociedades Extranjeras.

De esta forma, vigente desde este mes, el monto de la garantía exigida por el art. 76 de la Res. Gral. 7/15 de IGJ no podrá ser inferior al 60% del capital social en forma conjunta entre todos los directores o gerentes titulares designados. Sin perjuicio de ello, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior – en forma individual- a $ 300.000 ni superior a $ 1.000.000, por cada director o gerente.

Las razones de la resolución, explica el Inspector General de Justicia, se encuentran en la desactualización de los montos mínimos que debían asegurar las autoridades de las sociedades comerciales (último cambio realizado en el año 2015) para así procurar otorgar al régimen cierto grado de mayor efectividad, en protección de la propia sociedad y de los terceros en general.

2) Sancionan la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

El 11 de noviembre de 2021 fue promulgada la Ley N°27.642 o también llamada Ley de Etiquetado Frontal cuyo objetivo es “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible para promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores”.

Según el texto de la ley, toda persona humana o jurídica que participe de la producción y/o comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas (sin alcohol) tendrá la obligación de colocar en la cara principal del producto envasado un sello negro de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso (azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías).

Estas marcas deberán estar en octógonos negros, con bordes y letras de color blanco en mayúsculas, y su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara frontal del envase.

Asimismo, mediante esta ley, se prohíbe cualquier tipo de publicidad, promoción y patrocinio dirigidos especialmente a niños, niñas y adolescentes de los alimentos y bebidas sin alcohol que contengan al menos uno de los sellos de advertencia.

3) El requisito de DNI argentino para la inscripción en la UBA y su tratamiento en la CSJN

En los autos “Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986”, el actor reclamó que le permitieran inscribirse en una carrera de grado de la UBA a pesar de no contar con el DNI argentino, requisito establecido en el art. 19 de la resolución 7349/13 y en el art. 6°, Anexo I, de la resolución 3836/11 dictadas por el Consejo Superior de dicha casa de estudios.

Particularmente, el actor alegó que la obtención del DNI argentino le resultaba de cumplimiento imposible ya que es extranjero y se encuentra actualmente privado de su libertad. Al no permitirle demostrar su identidad mediante el pasaporte, concluyó que se había restringido de manera irrazonable su derecho fundamental de educación.

Luego de que en primera instancia fuera rechazado el planteo pero admitido en la segunda, debió expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un voto dividido (dos miembros de la Corte entendieron que el recurso extraordinario interpuesto por la UBA no resultaba admisible), el máximo tribunal se inclinó por el rechazo de la acción, señalando que el requisito de la presentación del DNI argentino no resulta arbitrario ni irrazonable.

Para así hacerlo, el voto mayoritario consideró que la garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias. En esta línea, el hecho de exigir la presentación del DNI a todos los aspirantes a las carreras de grado dictadas en la Universidad de Buenos Aires -sean estos nacionales o extranjeros, se encuentren, o no, cumpliendo una pena privativa de la libertad- constituye, simplemente, la fijación de un requisito uniforme para demostrar la identidad de las personas conforme el régimen vigente.

Siendo que el único obstáculo que presenta el actor para obtener el DNI argentino es la condena privativa de su libertad, señaló la Corte, ello no torna improcedente o injusta una reglamentación homogénea para todas aquellas personas que desean acceder a la Universidad.

Por último, el voto mayoritario se remite al art. 7 de la ley de política migratoria argentina (ley 25.871) para marcar que es deber de las autoridades de los establecimientos educativos brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites para subsanar la irregularidad migratoria que acarrea el actor.

4) Nueva restricción para la compra de dólares financieros

El pasado 16 de noviembre de 2021, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución N°911/2021 mediante la cual modificó la forma de calcular los topes del total de ventas con liquidación en moneda extranjera. De esta forma dispuso que “en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo, de compraventa de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, para el conjunto de todas las subcuentas comitentes y de dichos valores negociables, que al cierre de cada semana del calendario se deberá observar que el total de ventas con liquidación en moneda extranjera no podrá ser superior a CINCUENTA MIL (50.000) nominales; operando este límite para cada subcuenta comitente como para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las operaciones con liquidación en moneda extranjera.”

De los considerados de la resolución se desprende que la medida fue adoptada con la finalidad de dotar de mayor transparencia al mercado y reducir la necesidad de intervención del BCRA en el mismo.

5) Nueva Ley de Alivio Fiscal

Con la sanción de la Ley 27.653 fueron condonadas las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 31 de agosto de 2021 para entidades sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas y personas humanas consideradas pequeños contribuyentes por importes inferiores a cien mil pesos ($ 100.000).

Asimismo, se aclara mediante el artículo 2 de la ley que la condonación no comprende los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), ni las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas.

Además, fue ampliada la moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. El beneficio de la moratoria consiste en condonar el total de los intereses resarcitorios, punitorios y las multas en el importe que superen el siguiente porcentaje del capital adeudado:

– Micro y Pequeñas empresas; entidades sin fines de lucro (asociaciones, fundaciones), personas humanas y sucesiones indivisas que sean pequeños contribuyentes: 10%.
– Medianas empresas, tramo 1 y 2 del cuadro Pyme: 35%.
– Demás contribuyentes: 75%.

Por último, el art. 13 de la Ley prevé una serie de beneficios para los contribuyentes cumplidores dependiendo la condición tributaria que revistan. Los invitamos a consultarlos aquí.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

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