La inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura

En el año 2015, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo parcialmente lugar a la demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CPACF), donde pidió por la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley 26.080. Apelada la decisión, fue turno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expedirse.

El reclamo del CPACF se centró en que el art. 114 de la Constitución Nacional exige el equilibrio entre la representación de los estamentos que menciona el artículo a la hora de integrar el Consejo de la Magistratura, a saber: el político –resultante de la elección popular –, el de los jueces de todas las instancias y el de los abogados con matrícula federal. Entendiendo que el equilibrio requerido significa que ninguno de los estamentos tenga la fuerza como para imponerse sobre los restantes, el reclamante alegó que el recaudo constitucional se quebró al establecer que los miembros del Consejo de la Magistratura provenientes del sector político serían 7 sobre un total de 13 miembros, suficientes para sesionar y alcanzar la mayoría absoluta.

El argumento de los demandados, en pocas palabras, fue el siguiente. Los 7 miembros del Consejo de la Magistratura que provienen de la elección popular se designan de la siguiente manera: 1 para un representante del Poder Ejecutivo y 6 legisladores (correspondiendo 3 por cada cámara siendo designados dos por el partido mayoritario y uno por la primera minoría). De esta forma, según los recurrentes, la hegemonía o predominio que la Constitución busca evitar no se generaría ya que los diferentes representantes obedecerían a distintas afiliaciones partidarias e inclinaciones políticas.

Para decidir, el voto mayoritario de la Corte Suprema utilizó el antecedente Rizzo, donde se trató la noción del equilibrio exigido constitucionalmente en el Consejo de la Magistratura.

Allí, el máximo tribunal concluyó que “la norma constitucional busca mantener un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo” (considerando 7°).

De la manera en que la Ley 26.080 diseñó el esquema de funcionamiento del Consejo (13 miembros con 7 provenientes de la elección popular), la Corte Suprema entendió que era evidente el estamento político contaba con el número de integrantes suficientes para realizar, por sí, acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros estamentos técnicos, en transgresión con el art. 114 de la Constitución Nacional. Así lo halló al comprender que el sector político podría tomar por sí mismo decisiones de significativa trascendencia vinculadas estrechamente con los procedimientos de nombramiento y remoción de magistrados.

Por último, se descartó el argumento planteado por los demandados al considerar que el art. 114 no exige el equilibrio entre afiliaciones partidarias o preferencias políticas de los representantes de los estamentos, sino que se basta con que la composición del Consejo sea desequilibrada a partir de los estamentos que lo conforman para que el mandato constitucional sea transgredido.

De esta forma, la Corte Suprema ordenó al Congreso de la Nación el dictado de una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura dentro de un plazo razonable.

La prórroga de la doble indemnización en materia laboral

Mediante el Decreto Nro. 886/2021, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el 30/06/2022 la doble indemnización dispuesta por el D.N.U. Nro. 34/2019, pero modificó el esquema respecto de prórrogas anteriores.

El Decreto busca flexibilizar las medidas tomadas en el marco de la emergencia ocupacional y por ello, manteniendo el tope indemnizatorio de $500.000, establece un esquema decreciente para las indemnizaciones agravadas:

– Despidos ocurridos entre el 01/01/2022 y hasta el 28/02/2022: la indemnización agravada será del 75 %.
– Despidos ocurridos entre el 01/03/2022 y hasta el 30/04/2022: la indemnización agravada será del 50%.
– Despidos ocurridos entre el 01/05/2022 y hasta el 30/06/2022: la indemnización agravada será del 25%.

Se mantiene fuera del ámbito de aplicación del Decreto a los trabajadores contratados con posterioridad a la vigencia del D.N.U. Nro. 34/2019, al Sector Público Nacional y a los empleados que prestan tareas bajo el régimen del la construcción dispuesto por la Ley Nro. 22.250.

La inscripción de protocolos de las empresas familiares

A partir del 20 de diciembre de 2021, la Inspección General de Justicia permitirá a las empresas cuyos integrantes estén unidos por lazos de parentesco por consanguinidad y/o afinidad inscribir el protocolo de empresa familiar con el fin de permitir a los terceros conocer su existencia y alcances, sin que implique presunción legal de conocimiento ni presunción de legalidad de sus cláusulas. Recordamos que esta clase de instrumentos son aquellos que tienen por finalidad regular las relaciones sociales y patrimoniales entre los miembros de una empresa familiar.

La inscripción en el Registro Público de sociedades será voluntaria y se inscribirá un único protocolo por empresa familiar. Este puede realizarse tanto mediante escritura pública como mediante instrumento privado con firmas certificadas.

La feria de la Inspección General de Justicia

Mediante la Resolución General de la Inspección General de Justicia (“IGJ”) 18/2021, se dispuso la limitación de horarios y recepción de trámites en el organismo durante el mes de enero de 2022. La medida afecta tanto a la sede principal ubicada en Av. Paseo Colón como a sus dependencias en los Colegios de profesionales.

De esta forma, el horario de atención será de 10 a 13 horas, no se recibirán trámites registrales, pero podrán ser retirados por mesa de entradas. Tampoco se dará curso a las contestaciones de vista que hayan sido notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2021. Con respecto a los oficios judiciales solo serán recibidos aquellos incluidos en alguno de los supuestos previstos (librados con habilitación judicial de feria, provenientes de tribunales con competencia penal y correccional, entre otros, siendo rechazados in limine los que no cumplan con esto.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

Si necesita asesoramiento a partir de lo leído, no dude en escribirnos: