Nueva Prórroga de la Prohibición de Despidos y Suspensiones

 

Mediante la sanción del Decreto Nº 266/2021 el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos «sin justa causa» y por las causales de «falta o disminución de trabajo» y «fuerza mayor».

También prorrogó hasta la misma fecha, la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de «fuerza mayor» o «falta o disminución de trabajo».

En línea con los decretos que se habían dictado hasta la fecha, continúan exceptuadas de la prohibición las «suspensiones concertadas» entre empleadores y trabajadores (conf. art. 223 bis, LCT).

Las prohibiciones establecidas en este Decreto no son aplicables a los empleados que hubieran sido contratados con posterioridad al 13 de diciembre de 2019, a los del Sector Público Nacional ni a los trabajadores de la Industria de la Construcción (bajo la ley Nº 22.250).

La  reincorporación laboral de la población vacunada

 

Antes de que se conocieran las nuevas medidas del Gobierno Nacional destinadas a paliar los efectos del COVID-19 y evitar su circulación, a principios del mes de abril el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social decidieron el retorno a la actividad laboral presencial de los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad en contra del virus.

Dicha disposición se adoptó independientemente de la edad o condición de riesgo del trabajador, quien podrá retornar a sus tareas presenciales luego de transcurridos 14 días de la inoculación.

Esta medida se encuentra vigente desde el día 9 de abril del 2021 y puede ser consultada aquí.

Régimen de Incentivo a la Construcción y sinceramiento fiscal

 

A comienzos de año fue sancionada la Ley N° 27.613, mediante la cual se implementó el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, destinado a promover el desarrollo o inversión en los proyectos inmobiliarios realizados en el país, siempre que éstos sean nuevos o que la obra tenga un avance de hasta un 50% del total.

A través de esta ley, las personas que declaren fondos para invertir en estas obras gozarán de una eximición del Impuesto sobre los Bienes Personales hasta el 31 de diciembre de 2022 por el valor de su inversión.

Además, los beneficiarios que adhieran al Régimen de Incentivo a la Construcción podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional, en el país y en el exterior. Estos fondos podrán ser utilizados para la compra de títulos públicos nacionales e inmediatamente invertidos en los destinos que establece la ley.

Los plazos establecidos en la Ley para quienes blanqueen dinero dentro de los primeros 60 días pagarán un impuesto especial del 5% (hasta el 11 de mayo), mientras que quienes blanqueen entre el 12 de mayo y el 10 de junio pagarán un impuesto especial del 10% y los ingresados entre el 11 de junio y el 10 de julio, un 20%. Estos fondos serán depositados en cuentas especiales cuya creación fue autorizada por la Reglamentación del Banco Central del 22 de abril de este año.

Si bien ya fueron publicados el Decreto Reglamentario 244/2021 y la reglamentación del Banco Central, aún resta conocer los pormenores que puedan implementar la AFIP y la Comisión Nacional de Valores para quienes opten por las operaciones de compra venta de títulos públicos.

El nuevo régimen de fomento de inversión para las exportaciones

 

El pasado 7 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el DNU Nº 234/2021, mediante el cual se creó el RÉGIMEN DE FOMENTO DE INVERSIÓN PARA LAS EXPORTACIONES, cuyos objetivos son: incrementar el volumen de las exportaciones desde nuestro país, promover el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo, entre otros.

El principal beneficio del régimen es una flexibilización en la disposición de las divisas que ingresan al país como consecuencia de exportaciones. De esta manera, los beneficiarios podrán quedarse con el 20% de las divisas obtenidas en virtud de la exportación de productos, siempre que se destinen a ciertos fines determinados (ej: reinversión, pago a acreedores del exterior). Puntualmente, el DNU establece: “gozarán de un monto de libre aplicación de hasta el VEINTE POR CIENTO (20 %) de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto, para poder ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes”.

El límite del beneficio es que este no supere el máximo anual del 25% del monto bruto anual de divisas ingresadas por el beneficiario en el Mercado Libre de Cambios.

Las actividades comprendidas en este nuevo régimen son aquellas foresto-industriales, mineras, hidrocarburíferas, de industrias manufactureras y agroindustriales, incluyendo inversiones destinadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos, así como también a la ampliación de unidades de negocio ya existentes.

Para poder aplicar al régimen, es necesario presentar un Proyecto de Inversión para la Exportación en los sectores económicos mencionados que signifique una inversión directa en moneda extranjera no inferior a U$S 100.000.000.

Para más información, puede consultar las medidas aquí.

Nuevos requisitos para las fundaciones

 

ManteniendoMediante el dictado de la Resolución General Nº 3/2021, la Inspección General de Justicia (IGJ) realizó una serie de cambios en torno al funcionamiento y la fiscalización de las fundaciones, en particular con relación al monto del capital inicial mínimo y el contenido del plan trienal.

Hasta el momento, el patrimonio inicial mínimo requerido para las fundaciones era de $80.000, según lo establecido en la Res. Gral. Nº 7/2015. A partir de la entrada en vigencia de la Resolución General Nº 3/21, en primer lugar, el patrimonio inicial mínimo con el que deberá contar una fundación en orden de obtener la autorización para actuar será de $500.000 (es decir, más de 6 meses mas que el mínimo anterior).

A su vez, se estableció el deber de presentar un nuevo plan de acción y bases presupuestarias al término de cada trienio con las mismas exigencias que para el primero. Recordamos, en el régimen anterior, la fundación debía presentar un plan trienal únicamente junto con el pedido de autorización para funcionar, para los primeros tres años de existencia. Asimismo, se dispuso que, en caso de incumplimiento, la fundación estará obligada a presentar el plan actualizado junto con la reunión anual de aprobación de estados contables, y que la falta de presentación de dos o más estados contables será causal suficiente para solicitar el retiro de personería al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

Si necesita asesoramiento a partir de lo leído, no dude en escribirnos: