La obligatoriedad de la vía judicial para la remoción del fiduciario por incumplimiento de sus obligaciones

 

En los autos “Ricdan S.R.L. y otros c. Simagui S.A. y otros s/ Ordinario”, el juez de primera instancia dispuso que la remoción del fiduciario debía tramitar por vía judicial, según lo previsto por el Código Civil y Comercial en sus artículos 1678 y 1679. Apelada la decisión, la Cámara Comercial la confirmaría.

Luego de analizar brevemente los artículos mencionados y el texto del propio contrato de fideicomiso, la Sala F de la Cámara Comercial entendió que, si bien el contrato de fideicomiso se basa esencialmente en la confianza depositada en el fiduciario y la cual desaparecería ante un incumplimiento de aquel, lo cierto es que el mero incumplimiento no genera de pleno derecho su remoción, sino que se requiere un acto de voluntad que ejecute esa remoción.

El tribunal sostuvo que la ley parte del hecho de que la remoción no fue consentida por el fiduciario, por lo tanto, es necesario que sea exigida ante el juez con el fin de valorar si concurren causas suficientes que la justifiquen, lo cual supone, además, la necesidad de bilateralizar el proceso.

Nuevos requisitos de la IGJ para las sociedades extranjeras en CABA

 

El 17 de mayo fue publicada y entró en vigencia la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nro. 8/2021 mediante la cual se modificó el régimen aplicable a las sociedades extranjeras inscriptas o que soliciten la inscripción en nuestro país como sociedades vehículo.

A partir de lo dispuesto por la Resolución, estas sociedades deberán cumplir con las siguientes medidas:

  • La condición de sociedad vehículo deberá ser declarada al momento de su inscripción en la República Argentina. No se admitirá la condición de sociedad vehículo de modo sobreviniente.
  • No se admitirá la inscripción de más de una única sociedad vehículo por grupo.
  • No se admitirá la inscripción de sociedades vehículo si su controlante directa o indirecta se encuentra inscripta en la República Argentina en términos del artículo 118 o 123 de la Ley de Sociedades.
  • No se admitirá la inscripción de sociedades vehículos resultantes de una cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales.
  • No se admitirá la inscripción de sociedades anónimas unipersonales cuyo accionista sea únicamente una sociedad constituida en el extranjero unipersonal, con o sin carácter de vehículo.

Por otro lado, aquellas sociedades extranjeras constituidas en los términos de los artículos 118 o 123 de la LGS en cualquier jurisdicción Argentina pero que mantengan participaciones sociales a modo principal en sociedades locales con domicilio y sede en la Ciudad de Buenos Aires deberán inscribirse ante la IGJ, siendo inoponibles las inscripciones en otras jurisdicciones.

Por último, a los efectos de realizar la inscripción de sociedades extranjeras en los términos del art. 123 de la LGS, será necesario presentar un plan de inversión en el cual se deberá indicar la nómina de las sociedades en las que se pretenda participar o que se pretenda constituir en la República Argentina, detallando su domicilio, su denominación -en caso de tratarse de una sociedad ya constituida-, la actividad efectiva que desarrolla en el exterior y la actividad efectiva que prevé desarrollar, constituir o participar, la identificación de los restantes socios y la cantidad de participaciones sociales que prevé adquirir.

Puede consultar el texto de la resolución comentada aquí.

Nuevo impuesto al cheque en transferencias entre empresas por aplicaciones de pago

 

Mediante el decreto Nº 301/2021, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso que las operaciones de compra y venta realizadas mediante Proveedores de Servicios de Pago (PSP) estarán alcanzadas por el impuesto a los débitos y créditos bancarios (coloquialmente conocido como “impuesto al cheque”) a partir del 1 de agosto de 2021.

Asimismo, en el artículo segundo, luego de confirmar que las alícuotas serán del 0,6% para los créditos y del 0,6% para los débitos, se aclara que el cargo no será aplicable a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan y acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas.

De esta forma, aquellas empresas que operan a través de Mercado Pago, Ualá y cualquier otro de los 55 PSPs listados en el respectivo registro del Banco Central, quedarán en pie de igualdad en lo que a este impuesto se refiere frente a las operaciones realizadas a través de bancos y financieras.

Si bien la aplicación del impuesto afectará fundamentalmente a las operaciones entre empresas y comercios y sus proveedores cuyos pagos se cursen a través de PSPs, no sería extraño esperar el traslado del cargo al precio de los bienes y servicios ofrecidos a los clientes.

El derecho al olvido y el bloqueo de resultados en la búsqueda de Google

 

La parte actora en los autos “P., N. A. c. Google Inc s/ Hábeas data (art. 43 C. N.)” entabló la acción a fin de que se ordene a Google Inc. suprimir de sus archivos, registros, bases o bancos de datos, los datos personales relacionados con el nombre de su padre P. P. en relación a los resultados de búsqueda que —en forma inexplicable— informan que aquel murió con motivo de un supuesto e inexistente encuentro sexual con J. C. que jamás ocurrió y, por ende, el tratamiento de esos datos vulneran sus derechos.

De lo relatado, surge que en esta clase de casos, los derechos que se encuentran en conflicto son, por un lado, la libertad de expresión e información y, por el otro, dependiendo de la naturaleza de los contenidos o de la información difundida, el derecho a la intimidad o el derecho al buen nombre y honor.

Puntualmente, el objeto de la pretensión de la actora no refiere al bloqueo de enlaces con contenidos que pudieren crearse a futuro, ni tampoco a la creación de un filtro respecto de páginas que pudieren hacer referencia a la información que cuestiona, sino que persigue el bloqueo de los específicos enlaces que indicó en su demanda, que el buscador muestra como resultados de búsqueda vinculados con el nombre de su padre.

Para tomar la decisión, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en su Sala II, partió de lo sostenido por la Corte Suprema cuando al analizar la responsabilidad de los buscadores por los daños que pueden causar los contenidos a los derechos a la intimidad o al buen nombre y honor, entendió que aquellos pueden llegar a responder por un contenido que le es ajeno cuando hayan “tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, si tal conocimiento no fue seguido de un actuar diligente”, señalando que es a partir del momento del efectivo conocimiento del contenido ilícito de una página web que “la ‘ajenidad’ del buscador desaparece y, de no procurar el bloqueo del resultado, sería responsable por culpa” (Fallos: 337:1174, in re: “Rodríguez, María B.”, considerando 17°, seguido en Fallos: 340:1236, “Gimbutas, Valeria”).

Analizando las circunstancias fácticas del caso, en los contenidos cuestionados se relata que el deceso de P.P. se había producido en el marco de un supuesto encuentro sexual con una mujer conocida en los medios. Esto, a los ojos del Ministerio Público Fiscal, no guarda vinculación alguna con el desempeño que tenía el padre del actor como “persona pública”, sino que hacía a aspectos que, con prescindencia de su veracidad, se encontraban primordialmente comprendidos en la esfera de su vida íntima.

En conclusión, el tribunal entendió que el derecho al olvido constituye una herramienta eficaz para conciliar los derechos fundamentales en pugna —por un lado, el derecho a la información y la libertad de expresión, y, por otro lado, el derecho a la intimidad y el honor— aportando la solución de desvincular de los motores de búsqueda el nombre del sujeto con relación a la noticia que se pretende suprimir, sin resultar trascendente si esta resultaba ser veraz, siempre que la información objeto de tratamiento haya perdido actualidad, resulte irrelevante, sin ningún tipo de importancia informativa o periodística, y se encuentre privada de interés público, histórico o científico, tal como sucede en el presente caso.

El rechazo a la pretensión de abonar en pesos una deuda contraída en dólares

 

En un reciente fallo, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó el pedido de la deudora de abonar en pesos una obligación contraída en dólares estadounidenses, en los términos del art. 765 del Código Civil y Comercial.

En los autos “Jáuregui, Diana Georgina c. Zurzolo, María Ester s/ Cobro de sumas de dinero”, la Cámara entendió, en primer lugar, que la alternativa de cancelar una obligación contraída en moneda extranjera quedaba sin efecto cuando en el contrato las partes habían establecido que la moneda pactada era una condición esencial del cumplimiento de la obligación contraída y que incluso manifestaron conocer los alcances del art. 1 de la ley 25.345, como así también lo referido al cepo cambiario.

Para así decidir, el tribunal expresó que la facultad del deudor de liberarse abonando en pesos la deuda contraída en moneda extranjera prevista en el mencionado art. 765 del CC y CN se ha reconocido como supletoria de la voluntad de las partes y no de orden público y, por lo tanto, inaplicable a las obligaciones donde se pactó expresamente que la moneda extranjera era esencial para otorgar efectos cancelatorios al pago.

Por último, el Tribunal rechazó el argumento de la deudora de encontrarse en imposibilidad de cumplimiento de la obligación debido a la limitación para la adquisición de moneda extranjera en el mercado único y libre de cambios, toda vez que se encuentra al alcance de la demandada adquirir los dólares pactados por otros medios legales, aun cuando resulten más onerosos.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

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