DERECHO TRIBUTARIO – La judicialización del Aporte Solidario y Extraordinario – Otorgamiento de medida precautoria a favor del contribuyente

 

En los autos caratulados “Rosenzvit, Darío Javier c. Estado Nacional – Ministerio de Economía – AFIP s/ Acción mera declarativa de inconstitucionalidad”, el actor interpuso una Acción Declarativa de Certeza con el objeto de poner fin a la situación de incertidumbre generada a partir de la sanción de la Ley n° 27.605 mediante la cual se creó el “Aporte Solidario y Extraordinario” para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.

En primer lugar, la incertidumbre de la situación del actor se genera a partir de su lugar de residencia, ya que si probaba que su residencia era en el exterior, podría tributar sólo por sus bienes situados en Argentina. Mediante la citada Ley se gravó a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, por la totalidad de sus bienes en el país. A los fines de definir el lugar de residencia de los sujetos pasivos se tomó como residentes argentinos todos aquellos que lo eran al 31 de diciembre de 2019.
Por su lado, el actor obtuvo un certificado de residencia provisoria y la entrega de documento de identidad por parte del gobierno Uruguayo el 30 de diciembre de 2019 mientras que en mayo de 2020 le fue otorgado el certificado de residencia permanente con el correspondiente documento definitivo y luego la licencia de conducir. Por último, el 27 de agosto de 2020 obtuvo un Certificado de Residencia Fiscal Uruguayo con fecha de inicio de actividad del 31 de diciembre de 2019.

En segundo lugar, ya sea que el actor deba contribuir por la totalidad de sus bienes en el país o deba incluir también la totalidad de sus bienes en el exterior, la situación de incertidumbre se genera a partir de la alegada confiscatoriedad del tributo. Para ello, acompañó una certificación contable de la cual surgía que sus bienes en el país tienen un valor superior a los 590 millones de pesos cuyas rentas alcanzan la suma de casi 24 millones de pesos. En este sentido y según las escalas previstas por la Ley 27.605, al actor le correspondería tributar la aproximada suma de 13 millones de pesos, lo cual sumado a lo ya abonado en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, representaría un 58,29% de la renta total obtenida superando así el límite tradicional de 33% aceptado por la CSJN.

Partiendo de este escenario, el Sr. Rosenzvit solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar tendiente a que la AFIP se abstenga de realizar cualquier acto tendiente al cobro de sumas de dinero derivado de la falta de ingreso de las sumas correspondientes al aporte establecido por la Ley 27.605.

El Juzgado Federal de 1a Instancia Nro. 2 de San Juan entendió que correspondía otorgar la cautelar solicitada, dando por cumplidos los requisitos de verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, fijando además la contracautela correspondiente. Para así decidirlo entendió, por un lado, que no se vislumbra claramente el encuadre de la ley 27.605 en la situación particular del contribuyente en relación a si debe considerarse residente y si los bienes de su propiedad en el exterior están alcanzados por le ley. Por otro lado y haciendo expresa la posibilidad de que pueda ser rebatida oportunamente, la verosimilitud del derecho se acredita a partir de la Certificación contable acompañada por el actor de la cual surge una manifiesta absorción de la renta y de su patrimonio en caso de tributar.

Por último, el peligro en la demora el tribunal lo tuvo por acreditado porque el vencimiento para el pago del aporte solidario vencía el 30 de marzo, prorrogado al 16 de abril, fecha en que la AFIP podría iniciar el procedimiento para su cobro.

DERECHO COMPARADO – Efectos de la pandemia del COVID-19 en el cumplimiento de los contratos. Un precedente interesante del estado de Delaware, USA.

 

Un Tribunal de Chancery, del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, tuvo la oportunidad de resolver un caso relacionado con los efectos del COVID-19 en el cumplimiento de los contratos que aporta un punto de vista interesante sobre el modo en que se resuelven conflictos generados a propósito de la pandemia.

En el marco de una operación de compraventa de acciones («Stock Purchase Agreement»), el grup Inversor “Kohlberg”  (en adelante, el “Comprador”) acordó adquirir las acciones de una empresa (DecoPac Holdings Inc., una empresa que se dedicaba a decoraciones de tortas y tecnología para supermercados.), para lo cual asumió el compromiso de tomar ciertos créditos de terceros a efectos de financiar la compra.

Entre el momento de la asunción del compromiso de compra y la fecha del cierre (“Closing») de la operación (marzo-abril de 2020) irrumpió la pandemia del COVID-19, lo cual afectó negativamente las ventas de la empresa que estaba siendo adquirida.

Ante esta situación, el Comprador rápidamente perdió interés en la compra a la cual se había comprometido, y decidió entonces generar estimaciones futuras de ventas muy negativas de DecoPac, mientras que en simultáneo simulaba realizar esfuerzos para la obtención del financiamiento necesario para realizar la adquisición.

Los Vendedores, por su parte, ofrecieron prueba a efectos de acreditar que las ventas de DecoPac no se habían visto tan afectadas por la Pandemia (baja del 14% interanual, y recuperación absoluta pronosticada para el tercer cuarto de 2021) y que el Comprador no había realizado sus mejores esfuerzos para obtener la financiación comprometida.

En vistas de ello, el Comprador alegó la existencia un efecto material adverso («Material Adverse Effect», o “MAE»), consistente en el acaecimiento de la pandemia del COVID-19, y que por lo tanto se veía imposibilitado de cumplir con el compromiso de compra asumido, atento que la financiación necesaria ya no estaba disponible y que el precio acordado ya no era el correcto.

El Tribunal de Chancery, en tan sólo 5 intensos días de juicio, dio la razón a los Vendedores, resolviendo que las consecuencias de la Pandemia no constituían razón suficiente para que se configurase un efecto material adverso, y que el Comprador no había realizado sus mejores esfuerzos para obtener la financiación comprometida, por lo que resolvió ordenar a los Compradores cumplir con la obligación de hacer (“Specific Performance») de adquirir las acciones de DecoPac.

Como conclusión, señalamos que el precedente realiza un aporte importante a la seguridad jurídica de los contratos, que además puede resultar de interés para el derecho de nuestro país a partir de su posible aplicación analógica con relación al instituto de la imprevisión (art. 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación). En efecto, dicho artículo autoriza expresamente al juez a  resolver total o parcialmente el contrato o a «adecuar” las prestaciones a cargo de cada parte si se configuran ciertos requisitos. Es decir que en nuestro derecho un juez podría haber ordenado al comprador a suscribir el contrato, de la misma manera que lo hizo el tribunal de Delaware, e incluso podría haber ordenado un reajuste del precio en función del impacto negativo de la pandemia en las ventas de la empresa que se estaba adquiriendo.

Se puede acceder al texto completo del fallo comentado aquí.

DERECHO CONCURSAL – La aprobación de los acreedores no siempre es suficiente para lograr la homologación del acuerdo preventivo

 

Al cabo de un largo proceso concursal, la cadena de pizzerías “Romario” arribó a un acuerdo preventivo extrajudicial con sus acreedores y se presento ante el juzgado a fin de solicitar la homologación judicial.

Sin embargo, puesto a analizar los términos y condiciones del acuerdo preventivo, el Dr. Pablo Frick, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14, por resolución de fecha 3 de mayo de 2021, rechazó su homologación por considerar que la propuesta concordataria aparecía prima facie como abusiva y fraudulenta (autos caratulados “Romario S.R.L. s/Concurso Preventivo”, Expte. 10153/2019, de trámite ante el Juzgado Comercial 14 – Secretaria n° 27, fallo no firme).

Las razones por las que el juez de la causa atribuyó a la propuesta concordataria esa calificación fueron las siguientes: (i) porque exigía a los ex – trabajadores una espera excesiva para el cobro de sus acreencias (en concreto, una espera de un año desde la homologación y un plan de pagos de sus créditos en un total de siete (7) años); y (ii) porque la concursada no había explicado precisa y fundadamente por qué esa propuesta de pago era la mejor que estaba en condiciones de hacer.

Pese a ello, el juez no decretó la quiebra de Romario, sino que le dio la oportunidad de mejorar la propuesta y/o, en su caso, brindar las explicaciones de por qué esa propuesta era la mejor que estaba en condiciones de efectuar. Es decir que le concedió lo que en el ámbito concursalista se conoce como la “tercera vía”.

Y para resolver de esa manera (es decir, otorgándole a Romario una nueva oportunidad de mejorar y/o explicar el mérito del acuerdo preventivo aprobado por los acreedores), el juzgado tuvo especialmente en cuenta que la propuesta fue presentada en el año 2020, es decir, en el marco de una pandemia que generó enormes dificultades económicas especialmente para la actividad gastronómica.

De la lectura del fallo surgen dos interesantes conclusiones. Por un lado, la sensibilidad de la Justicia frente a la grave afectación que la pandemia de Covid-19 provocó en la actividad económica, y que ello, sin embargo, no es justificación suficiente para homologar una propuesta concordataria que, aún aprobada por los acreedores, contemple un diferimiento excesivo del cobro de créditos de naturaleza alimentaria (como son los créditos laborales), si no es precedida de una suficiente explicación acerca de que era la mejor propuesta que la concursada estaba en condiciones de ofrecer a sus acreedores.

DERECHO LABORAL – ¿Incluye la prohibición de despidos prevista en el Decreto Nº 329/2020 la contratación bajo la modalidad eventual?

 

En la primera instancia de los autos «A. A., C. D. c/Pullmen S.E.S.A. y otro s/Despido» fue admitida la medida cautelar solicitada por el actor-empleado, mediante la cual se ordenó a la empresa demandada a reinstalar a éste en su puesto de trabajo y a abonarle los salarios desde la fecha del cese y mientras perdure la vigencia del Decreto Nº 329/2020.

La decisión fue apelada por la empresa empleadora ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la cual le daría finalmente la razón a la apelante.

El caso giró en torno a la eficacia o no de la rescisión de un vínculo nacido el 06/06/2020, y en el que en el momento de su conclusión se arguyó la “finalización de la misión laboral que se desarrollaba el 06/08/2020, donde se lo contrató en función de las circunstancias extraordinarias y transitorias previstas en la Resolución Nº 278/2020”.

A partir de lo expuesto por el Fiscal General, es “sumamente debatible” que las contrataciones bajo la modalidad “eventual” se encuentren incluidas en la prohibición de despidos prevista en el Decreto Nº 329/2020. Además, para arribar a la decisión, la Cámara tuvo en cuenta la supeditación de la estabilidad laboral del contrato eventual al cumplimiento de su objeto.

En conclusión, el tribunal entendió que la parte actora no había aportado elementos suficientes para acreditar la utilización fraudulenta de la modalidad de contratación utilizada, lo cual pone en tela de juicio la verosimilitud del derecho exigible para el dictado de estas medidas. Por estos motivos, fue revocado el pronunciamiento de la primera instancia y dejada sin efecto la medida cautelar allí dispuesta, confirmándose la finalización del vínculo laboral del actor.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

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