Nuevas restricciones en el acceso al Mercado de Cambios – BCRA

 

A través de la Comunicación “A” 7327 del Banco Central de la República Argentina de fecha 10 de julio de 2021, se incrementaron las restricciones para acceder al Mercado de Cambios en caso de realizar operaciones de compra y venta de títulos valores conocidas como “contado con liquidación”.

Puntualmente:

– Se mantienen las restricciones para acceder al Mercado de Cambios en caso de haber realizado operaciones de contado con liquidación en los 90 días corridos anteriores y la restricción de realizar este tipo de operaciones en los 90 días posteriores. A partir del 12 de julio, se incluye entre las operaciones restringidas el canje de títulos valores por otros activos externos.

– Sobre las personas jurídicas y las operaciones realizadas respecto de sus controlantes directos, será necesario que estas presenten una declaración jurada informando: (i) el detalle de las personas humanas o jurídicas que ejercen una relación de control directo sobre el cliente; y (ii) que la persona jurídica no ha entregado en el país fondos en moneda local ni otros activos locales líquidos, a ninguna de esas personas en los 90 días inmediatos anteriores o que, en ese mismo plazo, ninguna de esas personas que ejercen control directo ha efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, o canjes de títulos valores por otros activos externos, o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

Complementariamente, a través de la Resolución General Nº 895/2021 de fecha 8 de julio de 2021, la Comisión Nacional de Valores modifica los plazos mínimos de tenencia en cartera de valores negociables con liquidación en moneda extranjera a dos días hábiles (parking).

La quiebra de Correo Argentino S.A.

 

En el año 2001, la empresa Correo Argentino S.A. comenzó a tramitar su concurso preventivo. Nueve años más tarde, el Juez de primera instancia decidió no homologar la propuesta de acuerdo preventivo, lo cual fue confirmado por la Cámara de Apelaciones Comercial a fines del 2019.

Luego de realizar un pormenorizado análisis de la nueva propuesta de la concursada en el marco del llamado salvataje, una suerte de segunda oportunidad de negociación frente a los acreedores, el Juez de grado concluyó que lo ofrecido no era suficiente dando como resultado la frustración del concurso preventivo. En esta línea, se decidió por declarar la quiebra de Correo Argentino S.A.

Esta decisión fue apelada por la concursada y el recurso fue concedido en relación y con efecto suspensivo por lo que la ejecutabilidad de la declaración de quiebra deberá aguardar por la resolución del recurso.

La designación de veedores judiciales en los fideicomisos inmobiliarios como solución para evitar la profundización del conflicto entre fiduciario y fiduciantes beneficiarios

 

En un proceso deducido por un grupo de fiduciantes beneficiarios de un fideicomiso inmobiliario en el cual el Tribunal Arbitral General de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires había dispuesto como medida cautelar la designación provisoria de un fiduciario sustituto en los términos del art. 1679 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la decisión y en su reemplazo dispuso la designación de un veedor informante.

La medida cautelar había sido dictada en el marco de un juicio de cumplimiento de contrato promovido por los fiduciantes beneficiarios aportantes de un campo de 95 hectáreas en la ciudad de Luján para que se desarrollara allí un club de campo conforme el proyecto diseñado por la fiduciaria.

La Cámara, invocando el art. 224 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sostuvo que designar un veedor interventor informante en lugar de designar un fiduciario judicial sustituto (como lo había ordenado originariamente el Tribunal Arbitral), resultaba más conveniente a los efectos de resguardar la debida tutela de los intereses contrapuestos de las partes sin afectar innecesariamente la actividad del fideicomiso. De tal manera, con los informes que brinde el veedor sobre las irregularidades denunciadas por los fiduciantes beneficiarios, se podrá luego evaluar la posibilidad de agravar la medida cautelar si correspondiera.

La decisión de la Cámara se muestra acertada ya que la sustitución del fiduciario original por un fiduciario judicial sustituto, aún cuando ello fuera provisorio, es susceptible de generar en sí misma un quiebre irreversible en el funcionamiento del contrato de fideicomiso que seguramente conduciría a su liquidación por imposibilidad de cumplir su objeto. Además, el art. 1679 del Código Civil y Comercial indica que el fiduciario sustituto debe recaer en alguna de las entidades previstas en el art. 1690, norma que regula el funcionamiento del fideicomiso financiero donde el fiduciario es precisamente una entidad financiera o una entidad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como fiduciario financiero, lo cual distaría de convertirse en una solución eficiente para reencauzar un fideicomiso inmobiliario descarrilado, el cual requiere de un desarrollador con vasta trayectoria y experiencia en emprendimientos inmobiliarios.

La designación de un veedor informante en cambio podrá ser útil para ilustrar adecuadamente al tribunal sobre el estado del mismo y las posibilidades concretas de superar las dificultades que generaron el conflicto entre las partes y sin el riesgo de interferir de manera irreversible en la dinámica funcional del contrato.

Para mayor información sobre la materia tratada en el fallo, puede contactarse con Santiago Michel y/o Martín Elías Cáceres.

Concurso preventivo – La inhibición general de bienes del concursado se mantiene vigente durante toda la etapa de cumplimiento aún cuando el acuerdo preventivo aprobado hubiera dispuesto lo contrario

 

Una vez homologado el acuerdo preventivo y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, se debe declarar la conclusión del concurso, lo cual implica el cese de la vigilancia del síndico y de las limitaciones que sobre la administración de los bienes del concursado imponen los artículos 15 y 16 de la ley de Concursos y Quiebras 19.551. Empero, el concursado seguirá afectado por la inhibición general de sus bienes por todo el plazo de cumplimiento del acuerdo, por lo que para disponer de cualquier bien registrable deberá requerir la previa autorización del juez del concurso, previa vista a los controladores del acuerdo. Ello así, dice la ley, “salvo conformidad expresa de los acreedores, las previsiones que el acuerdo previera al respecto, o las facultades que se hubieren otorgado al comité de acreedores como controlador del acuerdo.”

En el caso que comentamos, Engrama S.A., a los efectos de recuperar la plena administración y disposición de su patrimonio, había incluido en el acuerdo preventivo ofrecido a sus acreedores una cláusula según la cual la aprobación del mismo implicaría el levantamiento de la inhibición general de bienes.

Sin embargo, y si bien el acuerdo preventivo había resultado aprobado por los acreedores de Engrama S.A., al momento de homologar el acuerdo preventivo el juez de Primera Instancia a cargo de la causa (Dra. María Soledad Casazza titular del Juzgado Comercial Nro. 5), rechazó esa previsión y dispuso mantener la inhibición general de bienes hasta el cumplimiento total del acuerdo preventivo.

La decisión fue apelada por la concursada y confirmada por la Sala A de la Cámara Comercial. Entre los fundamentos más relevantes, la Cámara sostuvo que en el proceso concursal no sólo se encuentra en juego el interés particular del deudor y de los acreedores, sino el interés del Estado y de la sociedad en general en virtud de la repercusión negativa que produce la eventual desaparición de agentes económicos, la preservación de las fuentes de trabajo y la protección del crédito, y que en ese marco, las previsiones de la propuesta de acuerdo que autorizan a la concursada a la libre disposición de sus bienes durante la etapa de cumplimiento, importan eliminar la garantía con que cuentan los acreedores que aún no cobraron sus créditos, los ausentes y/o disidentes, lo cual no resulta congruente con esos principios basilares que rigen la institución del concurso preventivo ni con los principios generales del derecho, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Para cualquier consulta adicional sobre esta materia puede contactarse con Juan Ignacio Alonso y/o Gustavo Javier Giatti .

Derecho tributario – Primera sentencia de fondo sobre el Aporte Solidario y Extraordinario

 

El pasado 30 de junio fueron decididos los autos “F.L. c/ EN-AFIP-LEY 27605 s/ amparo ley 16.986” por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires. La novedad surge a partir de ser el primer caso que se decide acerca del tributo denominado “Aporte Solidario y Extraordinario” (ASE). En esta oportunidad, el Juez se inclinó por el rechazo del amparo intentado por el contribuyente, sin realizar un análisis fiscal de fondo.

El análisis realizado por el Juez se detuvo principalmente en la vía elegida por el actor. De esta forma, caracterizó al amparo como un proceso sumamente simplificado. Por consiguiente, el amparista debe acreditar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad para que le asista razón, es decir, es necesario estar ante la presencia de actos u omisiones de la autoridad pública manifiestamente contrarios a la ley y que ello surja sin necesidad de someter el proceso a un mayor debate probatorio.

Sentado este marco de análisis, en líneas generales y luego de un examen de los debates parlamentarios sumado al contexto de emergencia actual, el Juez entendió que el ASE, por un lado, respeta el principio de legalidad al ser producto del proceso democrático y al identificar los presupuestos de hecho, sujetos obligados, método de cálculo, etc. y, por el otro, en cuanto al test de proporcionalidad de la medida, concluyó que el medio elegido por el legislador fomenta el fin previsto en la norma y, por ende, resulta idóneo.

Por último, para decidir por el rechazo de la acción también se tuvo en cuenta la falta de prueba aportada por el contribuyente en cuanto a la afectación a su derecho de propiedad, dejando entrever que de haber sido aportada prueba idónea a tal fin, debiera haber sido realizado un test de confiscatoriedad.

Si bien el fallo puede ser apelado y, en principio, no decidiría la suerte de las decenas de procesos similares en donde se cuestionó el aporte solidario, es útil para comenzar a entender los parámetros utilizados por los jueces como así también los límites del tributo.

Derecho laboral – Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’

 

El pasado 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexules y transgénero. Como su título indica, el objeto de la ley es el de establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de este sector de la sociedad tendiendo a la real igualdad de oportunidades.

Dentro de las medidas incorporadas en esta ley podemos encontrar, por ejemplo, según el artículo quinto que no menos del 1% del personal del Estado (comprendido por los tres poderes, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos y las sociedades del Estado) debe ser cubierto con personas travestis, transexuales y transgénero. El plazo previsto para alcanzar el objetivo de este artículo es de 2 años.

En cuanto a la igualdad de oportunidades, la ley señala que el requisito de terminación educativa no puede resultar un impedimento para el ingreso y permanencia en el puesto de trabajo. Así, si las personas aspirantes no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de finalizarlo. En la misma línea, no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales y/o antecedentes penales irrelevantes para la posición a la hora de ingresar o permanecer en el puesto laboral.

Desde el ámbito privado, las contribuciones patronales que se generan por la contratación de personas beneficiarias de esta ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales, beneficio que durará un año desde celebrado el contrato de trabajo y el doble de tiempo para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por último, se invita a las Universidades nacionales, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la ley.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

Si necesita asesoramiento a partir de lo leído, no dude en escribirnos: