La legalidad del cupo femenino obligatorio en las Sociedades Comerciales

 

El pasado 9 de agosto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala C) decidió en los autos “Inspección General de Justicia c/ Línea Expreso Liniers S.A.I.C.s/ organismos externos” dejar sin efecto las Resoluciones Generales n° 34/2020 y 35/2020 que dispusieron, entre otras medidas, la obligación de ciertas sociedades anónimas de respetar la diversidad de género en la composición de sus órganos de administración y fiscalización. En este sentido, la reglamentación de la IGJ obligaba a integrar los mencionados órganos sociales con la misma cantidad de mujeres y hombres.

Para así decidirlo, la Sala C esgrimió los siguientes argumentos. En primer lugar, identificó a la determinación del organismo como una medida de acción positiva, definida como aquella que persigue la igualdad de oportunidades frente a deficiencias estructurales de nuestra sociedad. Sin embargo, el tribunal afirmó que la promoción de esta clase de medidas excedía a la competencia reglamentaria de la IGJ. En tal sentido, los Camaristas entendieron que la decisión de otorgar derechos mediante acciones positivas corresponde exclusivamente al Poder Legislativo cuando lo decidido versa, como en el caso, sobre derechos de fondo y tiene como resultado la restricción de derechos fundamentales. Ello conforme a los art 75 inc. 23 y 99 de la Constitución Nacional.

En segundo lugar, siguiendo en línea con la división de poderes emanada de la Carta Magna, la Cámara Comercial reconoció la facultad de la Administración (PE) de dictar normas para una mejor ejecución de las leyes, pero aseguró que esta no puede alterarlas, ni contrariar su espíritu, ni restringir los derechos reconocidos a los particulares. Sobre este argumento, el tribunal concluyó que lo relevante no es si la disposición cumple o no con los fines propuestos ya que, aún si lo hiciera, debería ser dejada sin efectos por haber alterado la Ley General de Sociedades excediendo así la IGJ sus facultades reglamentarias.

En tercer y último lugar, la Sala C aclaró que la regulación societaria en análisis tiene como foco los derechos y obligaciones de la sociedad administrada, sus socios y terceros, no así los derechos de quienes administran o fiscalizan el ente, y que las personas que ocupan estos cargos societarios fueron elegidas en función de la confianza que en ellas se tiene y los estándares de lealtad y diligencia impuestos, es decir, por una condición intuito personae, lo cual genera al menos el interrogante acerca de si estamos en un ámbito en donde el sexo o la orientación sexual de las personas tiene relevancia.

Finalmente, el fallo traza una comparación entre el caso de análisis y la relación que existe entre médico y paciente, abogada y cliente, o pintora y quien contrata para la realización de una obra artística, para mostrar que la perspectiva de género no implica decidir siempre a favor de la mujer, y que las preferencias contempladas en las acciones positivas no pueden realizarse a expensas de los derechos de otros sujetos, como lo es elegir libremente a los administradores de una sociedad en base a la experiencia profesional. En este sentido, lo dirimente no puede ser el sexo del prestador del servicio sino el derecho del enfermo, del cliente o del administrado a contratar la persona de su confianza.

Para mayor información sobre este tema podrá consultar a los Dres. Santiago Michel o Martín Cáceres.

La respuesta de la IGJ al fallo sobre el cupo femenino en las Sociedades Comerciales

 

A modo de respuesta del fallo mencionado en el apartado anterior, la Inspección General de Justicia publicó el día 19 de agosto de este año la Resolución General 12/2021, a través de la cual ratificó la vigencia de las resolución generales 34/2020, 35/2020 y 42/2020.

En los extensos considerandos, la resolución que lleva la firma de Ricardo Nissen se dedica, en primer lugar, a realizar un racconto de las actuaciones administrativas y judiciales que llevaron al fallo aludido en el primer punto de esta entrega. Luego, cuestiona la decisión arribada por la Cámara Nacional de Apelaciones de acuerdo a los siguientes argumentos.

Por un lado, el organismo entiende que la Cámara Comercial no resulta competente para entender en la impugnación de Resoluciones Generales dictadas por la IGJ al resultar ser un acto administrativo emanado de un organismo integrante del Estado Nacional.

Por otro lado, y en cuanto al fondo de la cuestión, el Inspector General afirma que la IGJ, a partir de sus facultades reglamentarias, cuenta con las atribuciones necesarias para dar efectividad a las prescripciones contenidas, puntualmente, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Para así concluirlo, cita a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados para manifestar que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (artículo 27, Convención internacional citada).

También en los considerados de la resolución, el Sr. Inspector General de Justicia afirma que “si un tribunal puede, sin intermediación legal o reglamentaria alguna, operativizar una cláusula constitucional que otorga derechos o garantías mediante una norma individual (sentencia) creada para un caso especial (…) tanto más puede hacerlo en tono de alcance general un Organismo dotado de facultades de reglamentación interpretativas del ordenamiento jurídico”.

Por último, la resolución aclara que hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expida acerca de la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no será posible alegar que las resoluciones en disputa no tienen efectos en la materia reglamentada.

Y finalmente, en la parte dispositiva de la resolución, el Inspector General de Justicia, además de ratificar el contenido de las resoluciones 34, 25 y 42 del año 2020, pone a disposición los antecedentes de la causa e instruye a la oficina de asuntos judiciales de la IGJ a promover juicio político respecto de los jueces de la Sala C que firmaron la sentencia que dispuso dejar sin efecto las resoluciones 34/2020 y 35/2020.

Para mayor información sobre este tema puede consultar a los Dres. Santiago Michel o Martín Cáceres.

Nuevo Sistema de certificación de firmas digital

 

A partir del mes de mayo y escuchando a las necesidades de los profesionales, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires implementó la certificación de firmas a distancia. Esto significa que los escribanos podrán certificar firmas de manera presencial o remota en documentos digitales, manteniendo la validez y efectos que la certificación de firmas representa en soporte papel. Para llevar adelante este procedimiento, el firmante deberá descargar una aplicación y participar de una reunión virtual junto con el escribano.

De esta forma, el documento digital será firmado mediante el dispositivo electrónico y el escribano procederá a certificarlo a través de un token de su titularidad.

Como el socio Martín Cáceres explicó en el portal iProfesional, el sistema agilizará el tráfico contractual y representará un ahorro de tiempo, logística y hasta de costos indirectos por evitar el traslado de los firmantes. Si bien su aplicación será solo para instrumentos privados, debiendo mantenerse el formato papel para las escrituras públicas, Martín Cáceres cree que la firma digital a distancia acompaña y complementa el avance de las entidades de la administración pública hacia la digitalización de sus trámites.

Ingrese aquí para consultar la publicación de iProfesional mencionada.

Para mayor información sobre este tema puede contactarse con el Dr. Martín Elías Cáceres.

Trámites digitales en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital

 

Publicada el último día del mes de julio, la Disposición 5/2021 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal dispuso la posibilidad de presentar de manera digital los documentos que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles; los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares.

Los requisitos para la presentación de cada trámite se mantienen: el formulario de solicitud deberá ser suscrito mediante firma digital, lo mismo para el instrumento a registrar y se deberán abonar las tasas pertinentes.

Los instrumentos podrán consistir en la primera o ulterior copia de la escritura matriz, sea que dicha copia fuere expedida mediante actuación notarial digital o concuerda digital, el testimonio u oficio judicial con firma digital del Juez y/o Secretario del Juzgado, o instrumento administrativo con firma digital del funcionario autorizante. Asimismo, la omisión del requisito de la firma digital conllevará la anotación provisoria.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

Si necesita asesoramiento a partir de lo leído, no dude en escribirnos: