Nuevo precedente en la responsabilidad de los intermediarios en Internet

 

La Cámara Civil en su Sala B debió expedirse sobre la responsabilidad de los intermediarios que funcionan como buscadores de internet –en el caso, se trató de las empresas Google y YouTube – en un reclamo por el uso indebido de la voz del actor. Los audios que motivan el reclamo fueron mensajes de voz enviados por el actor a su círculo íntimo que luego se volvieron virales en distintas plataformas identificando al perjudicado bajo el recordado apodo de El Fresco. El derecho fundamental en el cual se enmarcó la acción fue bajo la órbita del derecho a la intimidad.

En el decisorio, el voto de la mayoría entendió que, al igual que en el conocido precedente “Belén Rodríguez”, la relación entre las partes debía ser regida por un factor de atribución subjetivo. Para así sostenerlo, los camaristas explicaron el sistema de resolución de conflictos establecido por YouTube, el cual consta de avisos, infracciones y bloqueos y se encuentra a disposición del usuario. En esta línea, si a pesar de ello, se optara por sancionar a los buscadores de internet en casos como el de autos, nos expondríamos a un peligro mayor donde esta clase de empresas deberían constatar todo el contenido subido a sus páginas y decidir cuál es apto y cuál no lo es. El peligro de la censura previa, aclararon los camaristas, se encuentra latente.

Seguido de ello, restaba definir si en el caso había existido culpa o dolo de las empresas demandadas, lo cual justificaría la atribución de responsabilidad necesaria en toda acción de daños. Sobre este punto, la Sala B entendió que no hubo una conducta negligente o imprudente por parte de ninguna de las demandas – YouTube por el mencionado sistema de denuncias y Google por haber procedido al bloqueo de las páginas donde se reproducía la voz del actor sin su consentimiento y sin oposición ni discusión – ni mucho menos dolosa al no haber sido ellas las creadoras del contenido.

En cuanto a la imposición de costas, resulta interesante el caso ya que los camaristas optaron por apartarse del principio general de aplicación de costas a la parte vencida (excepto a las costas generadas por la apelación) y decidieron imponer las costas por lo actuado en la primera instancia en el orden causado. Para justificar tal decisión, se basaron en la divergencia doctrinaria y jurisprudencial que existe sobre la cuestión debatida, lo cual generó una situación en la que el actor y vencido pudo creerse con derecho a litigar.

Procedencia de la prórroga para el cumplimiento de un acuerdo preventivo a raíz de la pandemia

 

En el marco de su concurso preventivo, KIM S.A. (ahora Arosa Rosario S.A.) solicitó una prórroga para el cumplimiento de la primera cuota de pago convenida en la propuesta concordatoria. La concursada justificó el pedido en la inactividad social generada, primero por un conflicto en el inmueble donde se desarrollaba la actividad social, y luego a causa de la crisis sanitaria.

Luego de que el juez rechazara la prórroga de plazos entendiendo –correctamente, según la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial – que la inactividad de la sociedad comenzó con anterioridad a la pandemia del Covid-19, el tribunal superior revocaría parcialmente la decisión.

Así las cosas, la concursada alegó que la situación sanitaria y económica actual le habría impedido recomponer su flujo productivo y cumplir con el pago de la primera cuota concordatoria. Acogiendo el argumento, la Sala A decidió buscar una solución que contemple la situación de emergencia, ya que las dificultades que atraviesan los distintos sectores económicos debido a una situación sanitaria sin precedentes así lo exigen.

El tribunal admitió la prórroga por al menos el plazo de 180 días para el cumplimiento del pago del acuerdo arribado, calificándolo como un remedio “extraordinario”. Por último, en el voto de la mayoría se destacó que no es posible obviar los intereses que se encuentran en juego: la posibilidad de que la deudora recupere su actividad, evitar las pérdidas que podría ocasionar la quiebra para los acreedores y la apertura de puestos de trabajo.

Facultades del juez para rechazar el pedido de homologación de un acuerdo preventivo

 

En los autos caratulados “Isolux Ingeniería S.A., Sucursal Argentina s/ Concurso preventivo”, el Juez de primera instancia debió expedirse acerca de la aprobación o rechazo de una propuesta especial de pago formulada por la concursada y, si bien al día de la fecha falta que se expida la Excma. Cámara de Apelaciones sobre el tema, resulta interesante conocer algunos de los fundamentos utilizados en la decisión.

Puntualmente, la concursada ofreció pagar el total de los créditos declarados verificados o admisibles con el dinero que pudiera resultar de admitirse total o parcialmente una demanda judicial promovida por la concursada junto con la Unión Transitoria Río Turbio contra el Estado Nacional Argentino. Para ello, la propuesta consistía en la constitución de un fideicomiso que tendría como activo y función la administración, cobro y distribución de un porcentaje de las sumas de dinero obtenidas por el reclamo señalado.

La propuesta fue finalmente rechazada por el juez en razón de los siguientes motivos.

En primer lugar, el magistrado entendió su rol como fundamental en el proceso concursal, aclarando que no es un mero controlador de su corrección formal, sino que conserva la potestad suficiente de realizar un control sustancial en cualquier propuesta ofrecida por la concursada, aun cuando ésta hubiera conseguido las mayorías necesarias.

En segundo lugar, el Juez resaltó el hecho de que la propuesta, tal y como fue formulada, está sujeta a una condición: la admisión de la demanda judicial promovida contra el Estado Nacional. Al mismo tiempo, el art. 43 de la LCQ expresamente prohíbe que la propuesta consista en una prestación que dependa de la voluntad del deudor, es decir, que subordine el cumplimiento a la decisión de una de las partes.

En esta línea, el Juez entendió que el hipotético alcance de una sentencia judicial, incluso desde su aspecto formal, depende efectivamente de la voluntad del deudor, resaltando que el caso que conforma la propuesta consiste en un juicio altamente dificultoso y complejo según los propios dichos de la concursada. En otras palabras, se encontraban frente a una propuesta sobre la cual no había certeza sobre cuándo ni cómo se pagaría, siquiera si efectivamente se conseguiría el pago. Cabe destacar que en el proceso ofrecido se encontraba en una etapa muy temprana (no había sido contestada la demanda), por lo cual al proceso le restaban otros 10 o 15 años de tramitación, lo cual va en contra de la doctrina que entiende que la propuesta de acuerdo no puede consistir en diferir el pago sin fecha y condicionado a actos de terceros.

En tercer lugar, el Juez señaló que, en caso de homologar la propuesta tal y como fue formulada, la concursada la cumpliría únicamente con la constitución del fideicomiso, superando así su estado de cesación de pagos y aguardando por el resultado de un juicio incierto y aleatorio. Partiendo de esta base, el magistrado concluyó que la propuesta resultaba abusiva ya que independientemente del resultado del juicio ofrecido, la concursada y deudora licuaría la totalidad del pasivo verificado o declarado admisible (el cual ascendía a casi 700 millones de pesos) sin pagar suma alguna y le posibilitaría desarrollar nuevamente su actividad borrando su situación actual de insolvencia.

Por último, en el fallo se recuerda que el proceso concursal es, por esencia, una distribución de sacrificios para dejar atrás la crisis económica o financiera del deudor. En palabras del juez, en ningún caso este sacrificio debe impactar únicamente en los acreedores, pues de esta manera no se alcanzaría la idoneidad por la que el Poder Judicial como garante del buen funcionamiento del orden público concursal debe procurar.

Límite judicial a las facultades de la IGJ

 

En 1998, una persona física había transmitido un inmueble a la sociedad Boswil S.A. (una persona ideal constituida en Uruguay) la cual, bajo los postulados de la ley de sinceramiento fiscal, volvió a transferirlo a su anterior propietario. En ese momento la sociedad reconoció que la primera transferencia había sido simulada y que la persona física siempre había tenido la posesión del bien durante todo este tiempo.

El expediente caratulado “Inspección General de Justicia c. Boswil S.A. s/ organismos externos” fue iniciado de oficio por el Inspector General de Justicia, quien entendía que la sociedad, al adquirir el inmueble, había demostrado realizar actividad habitual en nuestro país, asumiendo que el inmueble constituía su principal activo. De esta forma, la sociedad quedaba encuadrada en los términos del art. 124 de la Ley General de Sociedades, debiendo ser tratada como una entidad local y, por lo tanto, al no haberse ajustado a la ley argentina, la transferencia inmobiliaria en favor de la persona física, junto con la personalidad misma de la sociedad, debían considerarse inoponibles.

La Sala C de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial cuestionó la competencia de la IGJ para el dictado de estas medidas. En primer lugar, aseguró que el organismo no tiene competencia para juzgar la inoponibilidad de la personalidad de ninguna sociedad ni tampoco de sus actos. Mucho menos puede ejercer tal facultad de la forma en que fue ejercida, aclara el tribunal, haciendo referencia a que no existió un juicio, no hubo requerimientos a las partes interesadas y no ofreció la documentación en la que basó su decisión. Para resolver la nulidad de un acto, continuó el tribunal, es necesario aplicar derecho común, lo cual es atribución propia y exclusiva del Poder Judicial y, por ende, vedada a organismos administrativos. El ordenamiento legal legitima a la IGJ únicamente a pedir la suspensión de actos ante el juez competente.

En este punto, destacaron los camaristas que, de admitir lo actuado por la IGJ, el organismo se estaría arrogando facultades jurisdiccionales con las que no cuenta, y llevadas a cabo de una forma tal que ni el propio Poder Judicial podría haber ejercido por no cumplir con la garantía constitucional del debido proceso.

En segundo lugar, a partir de lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y demás normas regulatorias de la competencia fiscalizadora de la IGJ, la Sala C pasó a analizar la presencia –o no – del interés público en la decisión discutida, el cual sirve de base y justificación para la aptitud del organismo.

Finalmente, luego de descartar la aplicación del art. 124 de la ley societaria tal y como fuera interpretado por el Inspector General de Justicia, el tribunal entendió que, incluso si se tratara de una sociedad local, tampoco sería viable la declaración de inoponibilidad, según las circunstancias del caso. Para así decidirlo, basaron su decisión en la noción instrumental del instituto. En otras palabras, la inoponibilidad de la persona jurídica o de los actos que ella realiza se encuentra asociado siempre a relaciones principales. El efecto de declarar la inoponibilidad es permitir que una actuación –de la que haya nacido un derecho, una obligación o similar – se atribuya a otra persona. En esta línea, el fallo de la Cámara Comercial culminó que declarar inoponible la personalidad de una sociedad o alguno de sus actos de manera abstracta, como pretendió hacer la IGJ en el caso de autos, pensando en terceros que potencialmente podrían verse afectados, sería confundir lo accesorio con lo principal. Por lo tanto y en palabras del tribunal, la medida aplicada por la IGJ se encontraba vacía de contenido ya que no existía ningún interesado en ella –quienes por las circunstancias del caso hubiesen estado protegidos de todas formas – dado que no fue atada a una relación principal.

La Corte Suprema convalidó que la tasa de seguridad e higiene sea calculada en función de la facturación bruta.

 

En los autos «Esso Petrolera Argentina S.R.L. y otros c/Municipalidad de Quilmes s/acción contencioso administrativa», la petrolera cuestionó la determinación de la base imponible a los efectos del cálculo de la tasa por inspección de seguridad e higiene al utilizar los ingresos brutos totales facturados en la provincia de Buenos Aires, afirmando que los costos de los servicios prestados se cubrirían tomando como base imponible los ingresos devengados en la municipalidad exclusivamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la demanda al entender que no existen normas legales que impongan el deber de proporcionalidad estricta entre el costo del servicio y el monto imponible, otorgándole facultades a la Municipalidad para calcular el tributo sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en la provincia.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aseguró que las normas en juego en su interpretación son parte del derecho local, debiendo resolver sus controversias en los tribunales al efecto. Asimismo, aclaró que para definir la cuantía de una tasa no debe tenerse solamente en cuenta el costo del servicio sino también la capacidad contributiva del contribuyente, siempre que no resulte irrazonable o desproporcionado. Por último, el máximo tribunal de la Nación, si bien no convalidó expresamente el criterio utilizado por la Municipalidad para el aumento de la base imponible, entendió que los argumentos expuestos por la petrolera no debían tener acogida en la forma en que fueron expuestos y confirmó la sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires.

La improcedencia de la responsabilidad solidaria “automática” de los directores por deudas fiscales

 

En el marco de su propio concurso preventivo, el actor de los autos “Toledo, Juan Antonio c/ ARBA s/ Incidente de revisión” solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal bonaerense (CFPBA) en materia de responsabilidad y solidaridad, las cuales extendían la responsabilidad de la sociedad a él mismo como director en virtud de los impuestos de sellos adeudados.

La Suprema Corte de de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de las normas fiscales que permiten hacer solidariamente responsables a directores y gerentes por el mero hecho de integrar el órgano societario, fundamentalmente, debido a que estas prescinden de cualquier aspecto subjetivo, es decir, si hubo o no un obrar diligente o si se comportó como un buen hombre de negocios como exige la Ley General de Sociedades para establecer la responsabilidad solidaria. Por último, el tribunal aclaró que según el art. 75 inc. 12 las Provincias delegaron al Congreso de la Nación regular todo lo atinente a la relación jurídica entre acreedores y deudores, siendo la responsabilidad solidaria de las Sociedades un instituto legislado exclusivamente por la Nación.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

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