1) Nuevo plazo de vigencia máximo para las sociedades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires

 

El 1 de febrero de 2022 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General de IGJ n° 1/2022 mediante la cual se estableció que todas aquellas sociedades comerciales que se constituyan a partir del 1 de febrero de 2022 no podrán tener un plazo de duración que exceda los 30 años, contados a partir de su inscripción en el registro.

La resolución que lleva la firma del Sr. Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, en sus fundamentos explica que la IGJ no debe permanecer indiferente al irregular funcionamiento de las sociedades, alegando que la práctica de establecer como plazo estándar 99 años descuida los intereses de los acreedores particulares de los socios y prolonga innecesariamente la vida de las sociedades.

2) Nuevo método de notificación electrónica del SECLO

En el pasado, el único medio para notificar al requerido del inicio de un reclamo laboral en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) era mediante carta documento u otro medio postal fehaciente. A partir del 10 de febrero y de la publicación del Decreto n° 73/2022, se permitirá informar la fecha de la audiencia correspondiente a través de la ventanilla electrónica que el requerido tenga constituida ante la AFIP.
En los considerados del decreto se destacan los beneficios de la digitalización de estos procesos y la seguridad de los sistemas de AFIP. Al mismo tiempo, quienes deseen continuar con el sistema anterior de envíos postales podrán continuar con este método de notificación, sin embargo, ahora contarán con una opción menos costosa para el trabajador.

3) Se mantienen las reuniones de asamblea y directorio virtuales bajo la órbita de la CNV

Ante la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2022, la Comisión Nacional de Valores emitió el Criterio Interpretativo n°80 prorrogando la posibilidad de celebrar asambleas virtuales en los términos y condiciones de la Resolución General CNV 830.

En esta línea, aún aquellas sociedades que no hubieran previsto la posibilidad de realizar las reuniones sociales a distancia podrán continuar haciéndolo, siendo los órganos de administración quienes deberán merituar las condiciones y situaciones particulares de cada sociedad y optar por la celebración de la asamblea presencial o virtual, garantizando el debido cumplimiento de los recaudos legales y sanitarios correspondientes.

4) Primer laudo del BAS, el centro de arbitraje especializado en conflictos sobre blockchain y criptoactivos

Blockchain Arbitration Society (BAS) es una asociación de profesionales destinada a otorgar legalidad a las relaciones jurídicas y mercantiles que surgen en torno a la blockchain y cripto. A partir de la Corte de Arbitraje de la Asociación, distintas empresas del sector someten ante esta los conflictos que puedan llegar a surgir con otros actores.

Bamboo DeFi es una exchange dedicada a comercializar y almacenar criptoactivos que ha decidido someter todos los conflictos de su comunidad ante el centro de arbitraje constituido por BAS. El pasado 10 de noviembre fue emitido el primer laudo de la Corte de Arbitraje en relación a un conflicto entre Bamboo DeFi y un usuario de la plataforma.

Sintéticamente, el reclamo del demandante se basaba en la pérdida de 39,1871 bamboos (denominación de la criptomoneda) obtenidos gracias a su participación del proceso de minería, al haber aportado liquidez en la plataforma. Por su lado, Bamboo DeFi señaló que los bamboos objeto de discusión fueron remitidos a la billetera del actor de forma automática a través de un smart contract.

De la prueba aportada, el árbitro del BAS pudo verificar la transacción efectiva de los bamboos reclamados hacia la wallet del demandante y, ante la veracidad inalterable de los datos brindados por el bscscan (explorador que ofrece un análisis de la Binance Smart Chain, blockchain de Binance orientada al cumplimiento de contratos inteligentes), la tuvo como prueba de valor absoluto sellando así la suerte del conflicto y rechazando, con costas, el planteo introducido.

5) El descarte de embriones congelados ante la ruptura familiar

A fines del año 2021, la Cámara Civil debió expedirse sobre el pedido de autorización judicial de una pareja para descartar embriones congelados y dar por finalizado el contrato que los vinculaba con Procrearte S.A., empresa médica especializada en técnicas de reproducción asistida.

El contrato redactado por la clínica establecía que, en caso de no querer realizar la implantación del embrión congelado en el útero de la mujer, la pareja podría disponer de los embriones, sin identificar ningún destino concreto. Sin embargo, cuando comunicaron que su decisión era descartar los embriones congelados, la empresa requirió una autorización judicial a tal efecto.

Luego de que la primera instancia rechazara la autorización argumentando que el embrión criopreservado detenta condición de humanidad desde la concepción, por un lado, y por el otro, alegando que existían otras alternativas al descarte, como la donación de los embriones, llegó el pronunciamiento de la Cámara Civil. Esta sostuvo, con base en el precedente “A. M. y otros (Fertilización in vitro) versus Costa Rica” del 28 de noviembre de 2012 -que considera vinculante-, que el embrión in vitro no puede tener la misma protección de una persona humana, es decir, no le cabe la protección derivada del derecho a la vida prevista en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, cuando la ley habilita la creación y criopreservación de embriones y garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, está atendiendo al respeto por el proyecto de vida y la voluntad procreacional, por lo que tal criopreservación es viable mientras tanto se mantenga la voluntad procreacional.

Por tal razón, como la pareja había comunicado que no mantenía su voluntad procreacional, no correspondía que la clínica exigiera una autorización judicial para proceder al descarte de los embriones, habiendo constituido el proceso inicial a tal efecto un dispendio jurisdiccional innecesario

Por estos motivos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil resolvió que el pronunciamiento resultaba innecesario por la falta de contradictorio, habilitando a los actores a decidir el destino de los embriones sin que Procrearte S.A. pudiera oponerse, ejerciendo aquellos la autonomía de la voluntad.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

Si necesita asesoramiento a partir de lo leído, no dude en escribirnos: