Autorizan a la Sindicatura a la Operatoria Venta Dólar MEP

 

En el proceso de quiebra de Azcona S.R.L., el pasado 30 de junio de 2020, un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba  autorizó a la Sindicatura a realizar la Operatoria Venta Dólar MEP. Esta operatoria se trata de una operación bursátil mediante la cual el dueño de dólares estadounidenses puede hacerse de pesos argentinos en el Mercado de Capitales a través de la compra y venta de bonos argentinos.

Para hacerlo, el Juzgado tuvo en cuenta la proximidad de la fecha para la distribución de los fondos, la existencia de fondos en divisa extranjera y el mayor valor que se obtendría como resultado de la operatoria frente a lo ofrecido por el Banco de la Provincia de Córdoba. En esta línea, puso en cabeza de la Sindicatura proceder a la apertura de la cuenta comitente, a la Venta de título denominado en contado inmediato, a abonar el costo del mantenimiento de cuenta y a realizar la totalidad de las diligencias que sean pertinentes a los fines de la integral tramitación de la medida.

La Ganancia Mínima Presunta en la Ley de Impuesto a las Ganancias

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal marcó un paso en la presunción de la ganancia mínima prevista en la Ley de Impuesto a la Ganancia. En el caso, la actora reclamaba la restitución de las sumas abonadas ante la AFIP en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta por los períodos fiscales 2006, 2008 y 2010.

La firma Endesa Costanera SA justificó su postura en que en aquellos períodos se determinaron resultados impositivos ganancias y que contra estas se imputaron quebrantos correspondientes a ejercicios anteriores, lo cual sería probado en el caso.

Basando su fallo en el caso “Diario Perfil” (Fallos: 337:62), la Cámara sostuvo que no debe demostrarse la imposibilidad de que los activos generen la renta presumida por la ley —o que no tengan capacidad para hacerlo— sino, simplemente, que esa renta, en el período examinado, no existió.  Así, concluiría que, en ese contexto, el dato decisivo que torna irrazonable a la presunción contenida en la ley del impuesto a la ganancia mínima presunta es la prueba de que en los períodos 2006, 2008 y 2010 no existió, más allá de toda controversia, la ganancia presumida por la ley.

La Precisiones para el registro del contrato de locación de inmuebles ante la AFIP 

 

Mediante la Resolución General 4933/21 de la AFIP, se estableció el Régimen Registración de contratos de locación de inmuebles. A continuación, presentamos los principales puntos a tener en cuenta para la relación entre locador y locatario.

En primer lugar, deben ser registrados antes del 15 de julio de 2021 los contratos celebrados a partir del 1 de julio de 2020 y que continúen vigentes al 1 de marzo de 2021. También deben ser registrados dentro de ese plazo aquellos celebrados durante el mes de marzo de 2021.

Para aquellos contratos celebrado a partir del 1 de abril de 2021, las partes tienen un plazo de 15 días corridos para su registración contados a partir de su celebración.

Deben ser registradas todas las locaciones de inmuebles urbanos y sus sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o similares y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles delimitadas dentro de bienes inmuebles, como locales comerciales, y/o « stands» en supermercados, hipermercados, shoppings, etc.

La carga de la registración recae sobre el locador, siendo voluntaria para el inquilino y sobre quién no pesarán sanciones en caso de no hacerlo.

A partir de su registración, el locador deberá emitir facturación por cada mes de alquiler y entrarán en juego el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto a Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales. Si el fin del alquiler es la casa habitación del locatario y su familia, el monto del alquiler está exento del Impuesto al Valor Agregado, también si es un inmueble rural afectado a una actividad agropecuaria o si el locatario es el Estado Nacional, Provincial o municipal.

En cuanto al impuesto de sellos en la Provincia de Buenos Aires, estos contratos por regla general se encuentran gravados al 1,2% del monto total del contrato. La locación o sublocación de inmuebles con destino vivienda tiene un mínimo no imponible de $1.731.600. En caso de superar ese monto de valuación fiscal, el valor del sellado es del 0,5% del monto total del contrato. Si la valuación no supera el monto mencionado el inmueble queda exento. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, por este impuesto la alícuota es siempre del 0,5% y se encuentran exentos aquellos alquileres con destino a vivienda.

Respecto del pago de ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires, se estableció una exención para los ingresos correspondientes al locador por el alquiler de hasta dos unidades de vivienda, siempre que el monto mensual no supere los $ 30.000. Además, los alquileres con destino comercial o turístico están todos gravados a una la alícuota del 1,5%.

Para el caso en contratos pactados en moneda extranjera, deberán ser registrados informando su valor en moneda de curso legal considerando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina -para la moneda en cuestión-, vigente al cierre del día hábil inmediato anterior al de la celebración.

Las multas para los dueños de los inmuebles que los hubieran alquilado pero no registrado ante la AFIP irán desde los $500 hasta los $45.000.

El mayor beneficio para los locatarios radicará en que, en caso de ser personas físicas, podrá deducir hasta un 40% de lo pagado en concepto de alquiler con destino a vivienda, con un límite de $85.00 anual.

Los adolescentes en las relaciones de consumo

 

Mediante la Resolución 139/2020 del 27 de mayo del 2020, la Secretaría de Comercio interior creó la categoría de consumidores hipervulnerables en concordancia con el art. 1 de la Ley de Defensa al Consumidor. Esta clase es conformada por aquellas personas humanas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. Asimismo, podrán constituir una causa de hipervulnerabilidad los reclamos que involucren derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes.

El 11 de marzo del 2021, el mismo organismo publicó la Resolución 236/2021 en la cual se prestó mayor interés al caso de los niños, niñas y adolescentes. Así, en los fundamentos de la resolución podemos encontrar la recapitulación de los derechos y garantías de carácter constitucional que goza este grupo social. 

En el último tiempo, ha aumentado la frecuencia con la que los adolescentes se desenvuelven en el mercado, creando nuevos vínculos y relaciones de consumo, muchas veces, a partir de su entorno digital. Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Productivo buscó proteger su vulnerabilidad estableciendo nuevos canales de denuncia o reclamos durante el ejercicio de sus derechos como consumidores y usuarios.

Por estos motivos y a partir de la autonomía progresiva de los adolescentes, se estableció que los reclamos o denuncias que realicen los adolescentes entre 13 y 17 años de edad deberán alinearse a los objetivos y funciones del art. 3 de la citada Resolución 139/2020, entre los cuales se encuentran promover acciones en pos de favorecer procedimientos eficaces y expeditos, a eliminación y mitigación de obstáculos en el acceso a la justicia de los consumidores hipervulnerables y realizar gestiones oficiosas ante los proveedores identificados en los reclamos para la adecuada resolución de los conflictos.

A su vez, las niñas, niños y adolescentes podrán participar de las audiencias que se celebren por reclamos que involucren sus derechos y que sean presentados por sus representantes legales y bastará su sola manifestación de voluntad para la suscripción del Acta para el comienzo, continuación o cierre del proceso conciliatorio.

La hipervulnerabilidad del consumidor en los tribunales

 

Manteniendo la línea con el texto anterior, traemos un caso en que la hipervulnerabilidad del consumidor jugó un rol central en un proceso de daños y perjuicios. En los autos “Q., M. A. c. Nobleza Piccardo SA y otros s/ daños y perjuicios”, las actoras resultaban ser esposa e hija de un hombre fallecido a causa de un cáncer de pulmón luego de haber fumado por más de 30 años.

En la sentencia de la Cámara de Apelaciones, el voto mayoritario dispuso la aplicación de la normativa relativa al Derecho de Consumo. Luego, el actuar antijurídico de la tabacalera quien produjo un daño injustificado (independientemente de la prohibición o habilitación legal) para más tarde analizar la relación de causalidad entre el tabaquismo y la enfermedad sufrida por el hombre fallecido, dándola por existente.

Sin embargo, el análisis más rico de la sentencia ocurre al momento de examinar si en el caso de autos existía una fractura del nexo causal, específicamente, acerca del estudio de la figura de la asunción de riesgos. A continuación se verán los principales argumentos de la mayoría del tribunal en la evaluación sobre si la exposición por parte de la víctima a una situación de riesgo como fumar tiene trascendencia para la resolución del caso.

En primer lugar, el voto mayoritario hace encuadra a la víctima en la categoría social genérica catalogada como grupo especialmente vulnerable, toda vez que su adicción al tabaco comenzaría a la temprana edad de 17 años. De esta forma, los principios protectorios como el estándar de información y seguridad deben acentuarse debido a la hipervulnerabilidad que se da en el caso.

En segundo lugar, entendieron que para que podamos estar frente a un caso de asunción del riesgo por parte de la víctima es necesario que la intervención de esta se dé en un marco de pleno o cabal conocimiento del propio riesgo y que la exposición por parte de la víctima sea voluntaria, es decir, con discernimiento, intención y libertad.

A partir de esto, entonces, debieron preocuparse por conocer si al momento en que el causante comenzó a fumar contaba con la información necesaria para poder entender verificada la faz cognoscitiva de la asunción de riesgo. Atento a que al momento en que comenzó a fumar (1977), el consumo de tabaco no era considerado perjudicial para la salud, especialmente por parte de la mayoría del público masculino sin estudios secundarios y, además, debido al grado de adicción que este genera en las personas, el Tribunal concluiría que no fue acreditada una real culpa de la víctima.

Finalmente, la tabacalera sería condenada al pago de una indemnización por los rubros de daño al valor vida, daño moral, incapacidad sobreviniente y gastos de asistencia.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

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