El fallo que habilita a pagar en pesos una deuda pactada en dólares

 

El pasado 19 de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala A) dictó una sentencia en la cual dispuso la posibilidad de cancelar en pesos el saldo de una deuda pactada en dólares.

En el marco de una subasta pública de un inmueble, cuyo precio ascendió a US$ 1.295.000, la que resultara compradora abonó el 30% del monto de la operación en concepto de seña y en pesos. Luego de dos meses, esta solicitó autorización judicial para abonar el saldo restante también en moneda nacional. En primera instancia fue facultada a hacerlo, principalmente, debido a las restricciones impuestas por la normativa cambiaria del BCRA para que el comprador se hiciera de los dólares estadounidenses.

En la apelación, el tribunal de alzada entendió que una obligación de dar moneda extranjera debe considerarse como de dar cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en pesos. Además, destacó que en estos casos resulta aplicable el régimen especial de las deudas de “valor”, donde el CCCN permite la valuación de la moneda extranjera en moneda de curso legal en términos pecuniarios actuales.

En consecuencia, la Cámara Comercial dispuso la posibilidad de cancelar el saldo de precio en pesos, pero convirtiéndose el monto adeudado en dólares estadounidenses a moneda local conforme al tipo de cambio oficial conocido como “dólar solidario” (art. 35 Ley 27.541). Es decir, la cotización oficial más el 30% por el denominado impuesto PAIS pero sin la percepción adicional del 35% correspondiente al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales (Resolución General AFIP 4815/2020).

Acceda a fallo completo en Fideicomiso de Recuperación Crediticia c. Yoma Emir Faud y Otro s. Ejecutivo

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

 

En junio del año 2019, la Ley n° 27.506 había sido publicada en el Boletín Oficial estableciendo el Régimen de Promoción de la Economía de Conocimiento. Su objetivo fue el de promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.

El pasado 26 de octubre esta ley sufrió ciertas modificaciones que comentamos a continuación.

Las actividades comprendidas en los beneficios de la ley son:

− Software y servicios informáticos y digitales.
− Producción y postproducción audiovisual.
− Una amplia variedad de actividades tecnológicas, de ciencias exactas y naturales, sus ensayos y análisis como también la industria aeroespacial, satelital y de ingeniería nuclear.
− Servicios profesionales (jurídicos, de contabilidad general, gerenciales y de relaciones públicas; de traducción y gestión de recursos humanos; de publicidad; de diseño y; arquitectónicos e ingeniería – agregado por la modificación del 26/10/2020- ) cuyo destino sea de exportación.
− Procesos destinados a soluciones de automatización en la producción.

Según la nueva ley, se podrán adherir aquellas empresas constituidas en Argentina o habilitadas en nuestro país que puedan acreditar el 70% de su facturación a las actividades promovidas por la ley. Además, deberán acreditar la inversión continua en la mejora de la calidad de sus productos y/o servicios, la capacitación de sus empleados o un porcentaje mínimo de su facturación anual en investigación y desarrollo.

Para la revalidación en el registro, es necesario acreditar cada dos años el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales, que mantuvieron o incrementaron la nómina de personal y que continúan cumpliendo con los requisitos requeridos al momento de inscripción.

Los beneficios más destacados del nuevo régimen son:

– Estabilidad fiscal: Originalmente, la estabilidad fiscal significaba que los beneficiarios no podían ver incrementada su carga tributaria total nacional determinada al momento de su solicitud de adhesión al registro. Sin embargo, en la nueva redacción, únicamente se garantiza que no se realizarán cambios en los beneficios que otorga el régimen, pudiendo entonces crearse nuevos impuestos o aumentar las alícuotas existentes.

– Contribuciones patronales: se constituye un Bono de Crédito Fiscal del 70% de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social por el personal afectado a las actividades promovidas.

– Incentivo adicional: el bono mencionado incrementará al 80% en caso de encontrar correlación con nuevas contrataciones de determinados grupos de personas.

– Alícuota reducida del impuesto a las ganancias: una reducción del 60%, 40% y 20% para micro / pequeñas, medianas y grandes empresas respectivamente pero siendo únicamente atribuible a las actividades promovidas.

Podrá conocer el detalle de la nueva normativa en LEY 27.570 – B.O. 26/10/2020

La suspensión de ejecuciones decretada en PBA

 

El 9 de octubre de 2020 fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial la Ley 15.193, mediante la cual se suspendieron determinadas ejecuciones y lanzamientos en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Esta ley, que modifica la Ley 15.172, dispuso la suspensión en todo ámbito de la Provincia de Buenos y hasta el 31 de marzo de 2021 de las ejecuciones sobre bienes destinados a vivienda única y ocupados de forma permanente, ya sea por ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales o bien encuentren razón en créditos por expensas comunes.

La misma suerte correrán las ejecuciones correspondientes a los créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), a los planes de ahorro para adquisición de automotores y las que recaigan sobre fábricas recuperadas que hayan sido expropiadas.

Por su lado, los lanzamientos ya ordenados sobre inmuebles con destino a vivienda única y permanente pero que no se hubieran realizado a la fecha también son suspendidos.

Las medidas dictadas en el marco de la crisis económica sufrida a partir de la propagación del virus COVID-19 no alcanzan a los procesos de desalojo sobre los espacios destinados a áreas naturales protegidas, patrimonios culturales, educativos y/o de interés comunitario. También quedan excluidos los procesos de desalojo, interdictos y/o lanzamientos dispuestos en casos de ocupaciones, usurpaciones y/o tomas colectivas de inmuebles producidas después del 12 de marzo de 2020 (entrada en vigencia del Decreto n° 132/20 PBA).

Consulte la medida aquí.

El botón de arrepentimiento en compras online

 

Mediante la Resolución 424/2020, la Secretaría de Comercio Interior estableció la obligación para todos aquellos que comercialicen bienes y servicios a través de internet tener publicado el llamado “Botón de Arrepentimiento”. A partir de esto, el consumidor podrá solicitar la revocación de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado, en los términos de los Artículos 34 de la Ley N° 24.240 y 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Los proveedores que operen bajo la modalidad online tienen hasta el 4 de diciembre de 2020 para adecuar sus sitios de Internet con un botón de arrepentimiento de acceso fácil, directo y que ocupe un lugar destacado en cuanto a visibilidad y tamaño.

Las razones que motivaron la medida se encuentran en la protección constitucional del consumidor (art. 42) y en el derecho de los consumidores de revocar la aceptación del contrato cuando fue celebrado a distancia (art. 34 de LDC y art. 1.110 del CCCN) ante el evidente crecimiento de la modalidad de compra online en medio de la crisis sanitaria actual.

La notificación del auto que fija los alimentos vía Whatsapp

 

El contexto excepcional que se encuentra atravesando nuestro país a raíz de la pandemia de COVID-19 ha impactado en diferentes ámbitos del derecho. En materia de Derecho de Familia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala J), mediante la sentencia del 30 de septiembre de 2020, autorizó a la reclamante de un proceso de alimentos a notificar vía whatsapp los alimentos provisorios fijados y el traslado de la demanda por aumento de cuota alimentaria.

Para así decidirlo, la Cámara tuvo en cuenta, por un lado, la urgencia que caracteriza a este tipo de procesos y, por el otro, el tiempo que insumiría la notificación al demandado en extraña jurisdicción a través de los medios previstos en el art. 136 del CPCCN. Por último, aplicando la doctrina denominada como humanización del proceso, entendió que era necesario adoptar mecanismos procesales adecuados a la vida humana de hoy.

El presente contiene una síntesis informativa de novedades legales y judiciales, por lo que no implica un asesoramiento ni un estudio abarcativo de la materia abordada.

Si necesita asesoramiento a partir de lo leído, no dude en escribirnos:.